La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el grupo que reúne a las economías más grandes del mundo, publicó un informe en el que recomienda al Gobierno que adopte, “con carácter urgente”, medidas para investigar los delitos de cohecho internacional. Es decir, las denuncias de sobornos en casos de corrupción que involucren a funcionarios extranjeros.
Así lo consignó el último informe del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE, publicado este martes. El relevamiento, que presenta una evaluación crítica y recomendaciones sobre la implementación del convenio, también destaca que Argentina “ha avanzado en la lucha contra el cohecho internacional”, al detectar que hubo mejoras en materia de cooperación e investigación judicial.
Ese reconocimiento dio pie a que el canciller, Pablo Quirno, celebre el reporte como un hecho positivo y “un paso relevante hacia el acceso a la OCDE, en línea con las reformas y la estrategia de inserción internacional impulsadas por el Presidente Milei”.
Sin embargo, el organismo remarcó la persistencia de un déficit de Argentina y del Gobierno para afrontar este tipo de delitos vinculados a la corrupción. En concreto, señaló que el país aún enfrenta “barreras estructurales”.
Uno de los puntos señalados es que el sistema de detección de este tipo de delitos internacionales carece de un marco legal que garantice la protección de los denunciantes y testigos (los “whistleblowers”). Además, el informe remarca que las causas judiciales de cohecho internacional en Argentina siguen experimentando retrasos, lo que “plantea dificultades en materia de pruebas y de plazos de prescripción. De hecho, los casos que involucran en delitos complejos a empresas son inexistentes.
“Son muy pocos los casos que avanzan hasta el enjuiciamiento. Hasta la fecha, ninguna persona jurídica ha sido investigada ni sancionada por cohecho internacional conforme a la Ley de Responsabilidad Empresaria, ocho años después de su adopción”, indica la OCDE en un comunicado. Solo existe una aplicación concreta de acuerdos de colaboración en casos de corrupción doméstica, dice el reporte.
Incluso, el grupo deslizó comentarios que contrastan con la prédica de la moral del Gobierno y la batalla cultural libertaria: señaló que el periodismo de investigación es la principal vía de detección de casos de este tipo y llamó la atención que el reporte de denuncias de soborno transnacional por parte de funcionarios públicos “sigue siendo mínima, y no se han detectado casos a través de canales contables, de auditoría o fiscales”.
Los avances que consigna la OCDE, con base en París, se contrastan en relación a la última evaluación realizada hace casi una década, realizada en el año 2017. Desde ese momento, se identificaron 17 nuevas denuncias por cohecho vinculados a causas argentinas en el exterior y, en 2025, se resolvió el primer caso contra una persona física en Argentina.
El balance sobre este aspecto sabe a poco, teniendo en cuenta la corrupción endémica en el país. El único fallo con condena fue para un responsable de una firma tecnológica (Technological Services) que buscó obtener contratos en El Salvador: recibió una pena en suspenso de un año, inhabilitación para cargos públicos y la obligación de donar 2 millones de pesos a una entidad de bien público. Otro de los procesados alcanzó un acuerdo en un juicio abreviado.
En concreto, la única sanción aplicada fue de alcance mínimo, sin sentar un precedente relevante. “La indulgencia de las sanciones -en particular, la pena condicional en el extremo más bajo del rango previsto por el artículo 258bis (de uno a seis años de prisión) y el acuerdo de suspensión de juicio- genera preocupación sobre su eficacia, proporcionalidad y carácter disuasorio”, señala el reporte, que recomienda transparentar los criterios para acuerdos no judiciales y sanciones.
Otra mención llamativa es el uso creciente de la Unidad de Información Financiera (UIF) como fuente de detección de sobornos transnacionales, con cuatro casos identificados por lavado de dinero. Es algo visto como una “buena práctica” frente a otros países de la región, pero el propio informe advierte que la calidad y el origen de los reportes siguen muy concentrados en el sistema financiero y que la integración plena de profesiones “clave” (como abogados y síndicos) recién empieza
El grupo internacional ponderó positivamente la tarea de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), esta última conocida por realizar escuchas judiciales y realizar relevamientos de redes sociales, correos electrónicos y geolocalización.
Según el análisis, ambos organismos judiciales “han reforzado sus capacidades analíticas y han adoptado enfoques más proactivos en los casos de cohecho transnacional, entre otras cosas reforzando la cooperación internacional y la coordinación interinstitucional”.
Pablo Quirno destacó esa mención de la OCDE, al consignar que el organismo identificó “más coordinación interinstitucional, mejor articulación en las investigaciones y uso efectivo de la cooperación internacional para investigar y sancionar”. “Un trabajo conjunto de los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal, coordinado por la Cancillería como punto focal”, subrayó el canciller en sus redes sociales, al calificarlo como “buenas noticias”.
Como recomendaciones, además de la aprobación urgente de un “marco integral de protección de denunciantes tanto en el sector público como privado”, la OCDE instó a acelerar la tramitación de los casos para evitar demoras indebidas, aplicar plenamente el Código Procesal Penal Federal en todas las jurisdicciones, y reducir de manera sustancial las vacantes judiciales y la dependencia de jueces suplentes. Algo sobre el aspecto judicial se hizo esta semana: el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, envió al Senado los pliegos para cubrir 62 cargos de camaristas, jueces, fiscales y defensores. La OCDE también planteó elevar las exigencias de las licitaciones públicas.
La fase final del análisis del grupo de trabajo anti sobornos se realizó entre el 16 y el 19 de marzo, en la capital francesa. Una delegación argentina ejerció la defensa en el plenario. Entre septiembre y octubre del año pasado, los expertos del organismos habían visitado el país para recabar opiniones de las partes interesadas del sector público, la sociedad civil y el mundo académico.
Creado en 1994, el Grupo de Trabajo sobre Cohecho está integrado por 46 países firmantes de la convención internacional. Argentina adhirió en 2001 a este compromiso, que se considera como uno de los más exigentes en materia de lucha contra la corrupción a nivel global.
Cumplir con estos estándares es fundamental para que el gobierno de Javier Milei cumpla con su objetivo de ingresar al selecto grupo de naciones con mayor poder económico. En noviembre de 2025, el canciller Quirno presentó un memorándum para adherir al grupo internacional.
La OCDE es una entidad de gobernanza global cuyas decisiones no son vinculantes para los países miembro, pero que acatar sus recomendaciones y prácticas sirven a los fines de “soft power” global, como un sello de calidad para atraer inversiones.
Argentina presenta una historia reciente con casos reconocidos que incluyeron sobornos internacionales. El más relevante fue el de la empresa alemana Siemens, que salió a la luz por un contrato de licitación en 1996 para emitir DNI y construir un sistema de control fronterizo. Entre 1996 y 2001, la firma pagó aproximadamente 100 millones de dólares en sobornos a funcionarios argentinos, miembros de la oposición y candidatos a ocupar cargos durante el gobierno de Carlos Menem.
La otra causa fue la de la constructora brasileña Odebrecht, que realizó pagos ilegales superiores a 35 millones de dólares en Argentina entre 2007 y 2014, distribuyendo el dinero a intermediarios con la intención de hacerle llegar a funcionarios del gobierno kirchnerista. Las coimas tuvieron alcance regional e involucró a 14 países de América Latina.
Son casos excepcionales. La evaluación del Grupo de la OCDE consigna que el promedio de duración de las investigaciones puede extenderse, en promedio, a los 8 años, y algunas superan la década. Hay 8 investigaciones cerradas y 8 en curso, con varios procesos cerca de prescribir o con riesgo de pérdida de pruebas.
