Comenzaron las audiencias públicas para discutir la reforma del artículo que define las áreas periglaciares. Más de 100.000 personas intentaron inscribirse para participar de este proceso, que busca modificar el artículo que define la extensión y características de las áreas periglaciares. El Gobierno promueve este cambio con el objetivo de habilitar nuevas explotaciones mineras en regiones actualmente protegidas. La definición de estas áreas resulta central porque permitiría ampliar los sectores donde hoy está prohibida la actividad minera según la ley vigente.
El proceso legislativo contempla la presencia de 360 expositores seleccionados. Habrá 180 disertaciones presenciales y 180 remotas, distribuidas en dos jornadas. Esta limitación provocó reclamos de organizaciones ambientalistas y participantes que habían solicitado intervenir, ya que originalmente se anotaron más de 100.000 personas. Según explicaron autoridades legislativas, el criterio para acotar el cupo responde a la imposibilidad logística de dar lugar a todos los interesados.
Leonardo Grosso, expresidente de la Comisión de Recursos Naturales y referente peronista, se inscribió como expositor en el debate. “La expectativa es baja en realidad, porque se generó mucha expectativa con la posibilidad de hacer una audiencia pública genuina en los marcos de la Ley General de Ambiente y del Acuerdo de Escazú, que tiene rango constitucional en la Argentina», dijo en Infobae en Vivo A las Nueve.
Y agregó: “En el camino a eso, vimos cómo fue cercenada la posibilidad de participar de 102.000 personas que se inscribieron en un lugar donde decía: ‘Inscribite si querés opinar para la ley de glaciares’. No decía: ‘Inscribite y vemos cuántos’, o ‘tenés que cumplir determinados requisitos’. Así que, en principio, hay una expectativa baja”.
Cuál es el punto más debatido de la reforma
El debate se centra en el artículo que define las áreas periglaciares. De acuerdo con Grosso, la reforma propuesta no reconoce el agua y los glaciares como recurso estratégico de la nación. “Todos los procedimientos institucionales y normativos que deberían llevarse adelante para modificar actividades permitidas o no en zonas declaradas de interés estratégico de la nación tendrían que ser mucho más apegados a derecho”, afirmó.
El expresidente de la comisión agregó: “Esta audiencia pública es más una farsa para tener una pantalla legal que proteja de posibles procesos judiciales a la modificación de esta ley. Y creo que no lo va a lograr por todas estas desprolijidades cometidas por las autoridades al llevar adelante esta ley”.
Al mismo tiempo sostuvo que “lo podrían haber hecho de otra manera, podrían haber anticipado que iban a tener determinados requisitos las personas que podían hablar, o podrían haber limitado el cupo de inscriptos desde el inicio. También podrían haber realizado más audiencias, como se evaluó en la primera comisión conjunta que estableció estas instancias”.
La rapidez en la convocatoria generó preocupación en los participantes. “Hay un apuro y una celeridad que no van de la mano de la necesidad de que el pueblo se exprese y escuchar a todos por igual. Son cuestiones que van a complicar judicialmente esta ley. Por eso estamos complicados”, destacó.
Riesgos ambientales y argumentación federal
Grosso sostuvo que no se garantizó el federalismo ni la participación libre, previa e informada. “No hay una audiencia, hay una simulación de audiencia viciada, que no garantiza la participación libre, previa, informada, que no consulta a las comunidades específicas que van a ser afectadas, ni explica el criterio de selección de quiénes hablan aquí”.
En la exposición, el referente peronista remarcó que los glaciares aseguran el caudal de agua de 39 cuencas que afectan a la mayoría de las provincias y a siete millones de personas.
“Hay un problema interjurisdiccional que está claramente presente. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Villarino y Carmen de Patagones tienen la cuenca del río Colorado, con hectáreas productivas del sector agrícola que podrían resultar impactadas si se permite la minería a cielo abierto en glaciares y así se contamina ese río. El porcentaje de caudal asegurado por estos ambientes supera el 50% en épocas de sequía, y esa situación se extiende hace más de una década”, afirmó.
Respecto a la judicialización, Grosso advirtió: “Lo que yo marco es que, más allá de la aprobación, a las pocas horas va a estar judicializado”.
Debate político y el rol de los gobernadores
Varios gobernadores peronistas manifestaron su adhesión a la reforma. Sin embargo, para Grosso, no se trata de una cuestión partidaria. “No todos los gobernadores peronistas apoyan, sino los que son pro mineros y están condicionados por esa actividad”, sostuvo. Agregó: “El federalismo no es que cada gobernador decida, sino priorizar los intereses del país entero. Cambiar un régimen de decisión científica por uno político implica riesgos para los intereses compartidos entre provincias”.
Al explicar su postura, afirmó: “No es una discusión del Gobierno de Milei contra la oposición. Muchos peronistas, radicales y de otros partidos apoyan la modificación, y muchos estamos en contra. Planteamos la necesidad de una participación real de los sectores sociales, porque, si no, habrá más inseguridad jurídica con estos proyectos llevándose adelante que la que reclaman las empresas mineras”.
El ex presidente de la comisión reiteró: “Nosotros planteamos: cuidemos el recurso hídrico, que es escaso, en un contexto de calentamiento global, que lo dice la comunidad científica internacional, no lo dice Leo Grosso”.
Perspectiva ambiental y proporcionalidad de la reforma
Grosso subrayó que la superficie donde se prohíbe la minería equivale al 0,4% del territorio nacional y al 1% de la cordillera. “No es una posición en contra de la minería en general, sino sobre el lugar donde puede realizarse. Lo que se plantea es establecer un ordenamiento: aquí no se puede hacer minería, aquí sí. Hay cuestiones que, como país, deberían estar definidas en función de la protección de actividades fundamentales, porque lo que está en juego es la disponibilidad de agua para el resto de las actividades productivas”.
“La vitivinicultura, el cultivo de olivos, la producción ganadera y agrícola pueden verse afectadas si no se garantiza ese recurso estratégico”, indicó Grosso. Concluyó: “Esto no es que no puedan hacer minería. Pongamos cuestiones sensatas y discutamos qué país queremos”.
El debate continuará en la Cámara de Diputados con la intervención de los distintos expositores registrados, mientras persiste la controversia sobre el alcance federal, los plazos del proceso y el futuro del agua y los glaciares en la Argentina.
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