El organismo resolvió restablecer la cobertura total para sus afiliados en todo el país, ampliar el acceso a fármacos gratuitos y eliminar restricciones, luego de una disputa judicial impulsada desde Tucumán que incluyó fallos adversos y una causa penal por presunta desobediencia.
El PAMI decidió restituir la cobertura del 100% en medicamentos para jubilados y pensionados en todo el país, en el marco de un conflicto judicial que se extendió durante meses y tuvo como principal escenario a Tucumán.
La medida, oficializada este viernes, no solo implica la vuelta al esquema de cobertura total, sino que además incorpora una ampliación del vademécum de medicamentos gratuitos y la eliminación de requisitos administrativos que habían sido cuestionados por su complejidad. De esta manera, el organismo deja sin efecto las restricciones aplicadas en 2024, que endurecían el acceso al beneficio mediante evaluaciones patrimoniales.
El origen del conflicto se remonta a un amparo colectivo presentado por el diputado nacional Carlos Cisneros junto a la asociación civil REDECU. En la presentación, se argumentó que las disposiciones internas del PAMI generaban exclusión en sectores vulnerables, al imponer condiciones consideradas restrictivas.
La Justicia Federal dio lugar al planteo y ordenó retrotraer la situación a las condiciones previas a diciembre de 2024. Sin embargo, el organismo apeló la resolución y demoró su cumplimiento, lo que derivó en una mayor tensión judicial.
En Tucumán, la controversia escaló al fuero penal, donde se promovió una causa por presunto incumplimiento de órdenes judiciales contra autoridades del organismo. La intervención del Ministerio Público Fiscal impulsó el avance del expediente y abrió la posibilidad de imputaciones.
Finalmente, frente a este escenario, el PAMI modificó su postura y presentó un acuerdo ante la Justicia. A través de una nueva resolución, restableció la cobertura total por razones sociales, amplió el listado de medicamentos gratuitos y eliminó varias de las trabas administrativas que habían sido cuestionadas.
Desde el organismo informaron que la implementación es inmediata y de cumplimiento obligatorio en todas las delegaciones del país. En términos concretos, la decisión representa una ampliación de derechos para millones de afiliados y pone fin a un conflicto que había generado preocupación en el sector pasivo.
