La CGT definió una doble vía para impugnar la reforma laboral ante la Justicia: hará presentaciones tanto en el fuero del trabajo como en lo contencioso administrativo, en una estrategia resuelta este fin de semana y que apunta a tratar de frenar la instrumentación de la ley que se sancionó el viernes pasado en el Senado.
Dirigentes de la CGT y delegados sindicales participarán hoy, además, de una marcha “testimonial” al Palacio de Tribunales para acompañar las presentaciones que efectuarán los abogados de la central obrera.
Será una movilización similar a la que realizó la CGT el 27 de diciembre de 2023, cuando se movilizó a Plaza Lavalle en apoyo a la denuncia judicial contra el DNU 70, que terminó pocos días después con un fallo de la justicia laboral que frenó la aplicación del capítulo laboral de la norma al considerarla inválida constitucionalmente.
Los abogados de la CGT, asesorados por constitucionalistas como Alberto García Lema y Ricardo Gil Lavedra, dudaban acerca de presentar el recurso judicial ante el fuero laboral o ante el contencioso administrativo, una decisión estratégica que puede impactar en el futuro de la flamante ley.
El precedente judicial más cercano se remonta a fines de 2023, cuando la jueza laboral Liliana Rodríguez Fernández, hizo lugar parcialmente al amparo presentado por la CGT contra el capítulo laboral del DNU 70, al declarar la invalidez de los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97 de la norma dictada por Javier Milei.
No obstante, en este caso hay diferencias sustantivas: aquí se trata de una ley sancionada por el Congreso, con el consiguiente peso institucional, en lugar de un decreto de necesidad y urgencia: la CGT apuntó a que no había motivos de emergencia que justificaran que el Poder Ejecutivo reemplazara atribuciones de cambiar leyes que son propias del Poder Legistativo.
La naturaleza legislativa de la reforma laboral obliga a la CGT a ofrecer argumentos que demuestren la inconstitucionalidad de determinados artículos, incluso cuando sean producto del consenso parlamentario.
Uno de los puntos más polémicos incluidos en el escrito de la CGT es el artículo que reglamenta el derecho de huelga en sectores como el transporte, la salud y la educación. Este artículo establece la obligación de garantizar servicios mínimos en caso de medidas de fuerza: 75% en servicios esenciales y 50% en actividades calificadas como trascendentales. Y fue uno de los puntos centrales sobre los cuales la justicia laboral fundamentó la invalidez constitucional del DNU 70.
El equipo jurídico de la CGT buscaba evitar los juzgados laborales nacionales ante la percepción de un clima interno de incertidumbre en ese ámbito por la decisión libertaria de traspasar ese fuero al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos sindicalistas creen que ese trasfondo, junto al mayor caudal político y parlamentario con el que cuenta ahora Milei en comparación con 2023, puede incidir en la actitud de los magistrados.
Desde la Casa Rosada, los abogados del Estado ya analizaron estrategias para defender la reforma laboral en tribunales y se preparó una contraofensiva para impedir que un fallo judicial frene la aplicación de la ley.
Para el cotitular de la CGT Jorge Sola (seguro), la confrontación jurídica será inevitable: “Van a tener muchos líos; esta reforma tiene violaciones a conceptos de carácter constitucional y a la vuelta de la esquina se van a chocar contra otra pared de nuevo”.
Más allá de las críticas del sindicalismo a la reforma laboral, el ex ministro de Trabajo Jorge Triaca también manifestó sus reparos sobre la calidad técnica de la ley: “La redacción actual me parece difusa y menos clara que los antecedentes existentes, lo cual podría generar una mayor judicialización posterior a la sanción de la ley”.
