El bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados presentó un pedido formal para que Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, comparezca en el Congreso y responda sobre su supuesta participación en el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La iniciativa surge tras la difusión de audios del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, donde se lo vincula directamente con instrucciones para recortar pensiones y reducir los controles internos, en el marco de un caso de presunta corrupción que ya salpica al oficialismo y a varios empresarios.
El proyecto, impulsado por el diputado nacional Eduardo Valdés, exige que el ministro aclare si hubo órdenes para dar de baja masiva a pensiones por discapacidad y si desde su cartera se promovió el debilitamiento de los equipos de auditoría interna, favoreciendo un escenario que, según las denuncias, permitió maniobras fraudulentas en la compra de medicamentos de alto costo. Además de Spagnuolo, las investigaciones alcanzan a Lule Menem, Martín Menem y a los empresarios Kovalivker, en una trama que expone posibles redes de favores y negocios ilegítimos dentro del Estado.
El pedido de citación, presentado en el recinto parlamentario, enumera seis preguntas puntuales dirigidas a Sturzenegger. Entre ellas se destacan si —tal como se escucha en los audios difundidos— instruyó al director de ANDIS para que cancele la mayor cantidad posible de pensiones, si se opuso a la revisión médica caso por caso y si nombró funcionarios con poderes extraordinarios dentro de la agencia. Otra consulta apunta a esclarecer la autoría y el motivo detrás de la reducción del personal de auditoría interna, que según la denuncia pasó de 16 a 5 integrantes.
“Estamos frente a un escándalo institucional de enorme gravedad. La Cámara de Diputados tiene la obligación de que el ministro rinda cuentas ante la sociedad”, sostuvo Valdés. El legislador también solicita explicaciones respecto a la cantidad de auditorías realizadas en la ANDIS y exige, en caso de ausencia de controles, conocer las causas. Para Valdés, el fondo de la cuestión radica en determinar si existió un plan deliberado del Gobierno para retirar derechos y aumentar la vulnerabilidad de un sector sensible de la población.
El caso se destapó luego de que salieran a la luz los audios de Diego Spagnuolo, quien fue reemplazado en medio del conflicto y cuyos mensajes exhiben presiones del Ministerio de Desregulación. Los materiales comprometen además a figuras del entorno presidencial, señalando supuestos vínculos con la estructura del oficialismo y empresarios que habrían intervenido en las compras de medicamentos a través de mecanismos irregulares.
Las preguntas dirigidas a Sturzenegger buscan clarificar si su gestión en la cartera fue promotora o encubridora de decisiones que habrían facilitado hechos de corrupción. Una de las aristas más controvertidas es la denuncia de que la reducción de los equipos de auditoría dejó sin control eficiente la adquisición de remedios por parte del Estado, lo que, según lo que surge de la investigación de Infobae, habría aumentado los riesgos de sobreprecios y sobornos. “No se trata solo de un hecho de corrupción, sino de un ataque directo a los derechos de las personas con discapacidad”, advirtió el diputado Valdés al fundamentar el pedido de citación.
El escándalo ya activó alertas en distintas reparticiones del Gobierno nacional y fue eje de disputas internas en la Casa Rosada. Diversos bloques de la oposición consideran que la revelación de estos hechos abre la puerta para que avancen nuevas investigaciones judiciales, sobre todo respecto a la figura de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, Lule Menem y los empresarios beneficiados.
Según la presentación impulsada por Valdés, el ministro debe también informar quién fue el funcionario enviado por su cartera a la ANDIS, especificando si se trató de una intervención de hecho, y en qué términos se le encargaron tareas. La consulta sobre la reducción de la dotación de la Unidad de Auditoría Interna apunta a definir qué decisión política motivó ese cambio y cómo impactó en el control de gastos públicos relacionados con medicamentos de alto costo y baja incidencia.
El documento parlamentario exige, además, conocer el número exacto de auditorías practicadas por el Comité de Control al organismo y una explicación precisa ante la eventual ausencia de controles, especialmente bajo el mandato del exdirector Spagnuolo. Estas indagaciones buscan establecer un eventual direccionamiento desde esferas ministeriales y confirmar si Sturzenegger tenía injerencia directa o indirecta sobre las decisiones administrativas que ahora forman parte de la denuncia penal.
La denuncia original involucra una red en la que las decisiones administrativas habrían estado orientadas por criterios ajenos a la transparencia y la protección de derechos, prestando atención a la protección de determinados intereses privados. Las causas judiciales en trámite exploran la cadena de responsabilidades políticas y empresariales, y avanzan sobre el patrimonio de quienes habrían cobrado sobornos o facilitado negociados.
Hasta el momento, la respuesta oficial del Ministerio de Desregulación permanece en reserva. La presentación parlamentaria subraya que la citación de Sturzenegger sería un hecho institucional sin precedentes por el alcance de las imputaciones y la sensibilidad del área involucrada. La expectativa en los bloques opositores se centra ahora en el trámite que otorgue la Presidencia de la Cámara a la solicitud de Valdés y en la eventual comparecencia del funcionario, lo que podría abrir un nuevo capítulo en la investigación sobre la Agencia Nacional de Discapacidad y la administración de los recursos estatales destinados a ese sector.
