El presupuesto destinado a la deuda pública durante 2025 podría financiar 37 veces el total de las partidas ambientales. Y si el Gobierno así lo estableciera, la mayoría de este tipo de áreas podrían ser cubiertas con una pequeña parte del superávit fiscal, lo que pondría fin al ajuste en los principales organismos de protección ambiental en el país.
En lo que va del mandato de Javier Milei, el recorte en términos reales del presupuesto total entre 2023 y 2025 se estima en 26,5 por ciento. Sin embargo, la caída es desigual: nueve de las diez partidas ambientales se recortaron entre un 28,1 y un 83,2 por ciento.
La conclusión surge de un informe publicado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), al analizar los recursos que destina la Casa Rosada a los organismos que se encargan de tareas tales como la limpieza del Riachuelo, la prevención y el combate de los incendios forestales, el cuidado de los parques nacionales y hasta el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre otras. Por segundo año consecutivo, la prórroga del Presupuesto dio al Gobierno un margen de maniobra inusual para modificar, reasignar o recortar partidas, en este caso, en perjuicio de las áreas de protección del ambiente, el clima y la biodiversidad, así como ya ocurrió en otros sectores sociales.
“Nosotros tenemos el Monitor del Presupuesto ambiental en Argentina, lo sacamos cada tres meses. Los niveles de asignación presupuestaria son bajos, pero lo que más alarma es la no ejecución. Estamos hablando de partidas y programas que se ejecutan el 5% en el año”, anticipó durante esta semana Andrés Nápoli, director de FARN, en diálogo con Infobae en vivo.
El Riachuelo, sin fondos
Según las estimaciones de la ONG ambientalista, el organismo que más sufrió la poda de recursos fue la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), que se creó para el saneamiento de la cuenca contaminada desde hace décadas. El presupuesto destinado a este objetivo se desplomó en términos reales 83,2% respecto a 2023.
Los recortes coinciden con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de archivar, el año pasado, la causa “Mendoza”. Es el proceso judicial que dio origen a Acumar, tras un reclamo de vecinos que sufrían los altos niveles de polución en la región. El último fallo cerró uno de los casos de jurisprudencia ambiental más emblemáticos de la historia del país.
En el primer semestre de 2025, el informe elaborado por el economista Matías Cena Trebucq estimó que las partidas presupuestarias destinadas al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo registraron la ejecución más baja de los últimos cinco años: apenas el 31,3% del presupuesto vigente fue utilizado ($28.451 millones sobre $90.967 millones). Si bien entre 2021 y 2023 la ejecución de estas partidas fue del 100%, en 2024 alcanzó apenas el 56,8 por ciento.
En el saneamiento de la cuenca del Riachuelo aún contaba con objetivos pendientes. Según FARN, apenas se pudo cumplir con el 42,5% de las soluciones habitacionales del Plan de Viviendas 2010, la cobertura de red cloacal de la cuenca Matanza-Riachuelo registra el 56,8%, y falta que el 25,9% de los establecimientos industriales declarados “Agentes Contaminantes” adecúen sus procesos productivos a los estándares ambientales.
Bosques nativos y Manejo del Fuego, en baja
En 2025, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) volvió a carecer del financiamiento legalmente establecido por la Ley 26.331. La misión de esa “caja” otorga la facultad de realizar transferencias directas a los beneficiarios de los planes de manejo y conservación de los bosques nativos, en iniciativas y medidas para fortalecer la capacidad de las provincias para ejecutar proyectos de conservación, restauración y manejo sostenible, permitiendo controlar la deforestación.
Según FARN, las partidas para la protección de los bosques están integradas únicamente con aportes del presupuesto nacional, y no logra alcanzar el 0,3% estipulado. Tampoco se garantiza el cumplimiento del aporte del 2% de las retenciones a las exportaciones agropecuarias exigido por la norma. Así, durante la primera mitad de 2025, la estimación del FNECBN registró una ejecución de apenas el 10,1%, es decir, $1.009 millones sobre un total de $10.027 millones. Representa una caída de 77,8% en comparación a la ejecución de 2023.
Otro organismo clave es el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) en el cuidado de los bosques. Recientemente, el personal especializado del sector se transfirió al ministerio de Seguridad nacional, a cargo de Patricia Bullrich. Aquella decisión fue cuestionada por los especialistas en ambiente, ya que implica subordinar una mirada socioambiental a una lógica de control y de seguridad.
“La reestructuración del Fondo Manejo del Fuego, pasó de un fondo fiduciario a un fondo del Ministerio de Seguridad. Una cosa es tener un fondo fiduciario, que además mucha parte proviene del sector por el cobro de las primas de seguro, y otra cosa es que esté finalmente en un Ministerio, que lo puede manejar para muchas cosas. Lamentablemente, como se manejó en el último enfrentamiento en la Patagonia, se puso la plata cuando se prendió fuego”, ejemplificó Nápoli.
En concreto, el informe señala que el Servicio del Manejo del Fuego dispone, en 2025, de solo dos tercios de los fondos ejecutados en 2023, pese a que 2024 registró la mayor cantidad de focos de incendio de los últimos ocho años. Se ejecutaron solo 22% de sus fondos disponibles ($7.739 millones sobre un total de $33.142 millones) correspondientes a Nación.
“En caso de que se utilicen la totalidad de los fondos destinados para este año, la ejecución reflejará una pérdida del 47,4% con respecto a 2023 y será el menor presupuesto de los últimos 4 años”, señala el reporte, elaborado por Trebucq.
La previsión climática y los parques nacionales
La Subsecretaría de Ambiente, que depende del secretario de Ambiente, Deportes y Turismo, Daniel Scioli, en el último año fue afectada por renuncias, y una reducción real del 68,9% de su presupuesto frente a 2023. Otro organismo clave, como la Administración de Parques Nacionales (APN), sufrió una baja del 40,1%, de acuerdo a FARN.
Los cambios son también cualitativos en estos sectores de la administración pública. “Se flexibilizan los contratos laborales de brigadistas, profesionales y el personal administrativo, alcanzando apenas un mes de duración. Esto imposibilita una proyección estratégica para el cuidado del patrimonio natural del país”, apunta la ONG ambientalista.
Las partidas orientadas al fomento de energías renovables y eficiencia energética, siempre según el informe de FARN, reciben 93 veces menos financiamiento que los subsidios asignados a empresas hidrocarburíferas. En este marco, los ambientalistas cuestionan que la expansión de la frontera hidrocarburífera offshore en Argentina avance sin licencia social en los territorios costeros, como en el Golfo San Matías, de Río Negro. Este impulso coincide con una disminución del 28,1% en términos reales del presupuesto para el Sistema de Áreas Marinas Protegidas.
Por otro lado, en relación al contexto de crisis climática, caracterizado, según el informe, por una mayor frecuencia de sequías, inundaciones, incendios y tormentas severas, el Servicio Meteorológico Nacional perdió un 36,5% de su presupuesto real frente a 2023.
En relación al contexto de crisis climática, caracterizado, por una mayor frecuencia de sequías, inundaciones, incendios y tormentas severas, coincide con el hecho de que Servicio Meteorológico Nacional (SMN) perdió un 36,5% de su presupuesto real frente a 2023.
Más allá del ajuste, una de las conclusiones más llamativas del reporte apunta a que utilizando el 88,58% del superávit financiero acumulado en el primer semestre de 2025, equivalente a $2.741.572 millones, podría evitarse la reducción presupuestaria en áreas de alto impacto como el Funcionamiento Hospital Garrahan, el Desarrollo de la Educación Superior y todas las partidas ambientales, sin afectar el equilibrio fiscal. Aun después de esa reasignación, el Estado dispondría de un superávit de $353.514 millones, indican desde la ONG.
Pero incluso si este tipo de reajustes impactara a favor en las áreas ambientales, no parece probable que aquella decisión vaya a ocurrir. En más de una oportunidad, Javier Milei se declaró en contra de la “Agenda 2030″ y atribuyó a la mirada ambientalista sobre el cambio climático como parte de la cosmovisión “socialista”. En noviembre pasado, en coincidencia con el presidente norteamericano Donald Trump, el Gobierno retiró la delegación argentina de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024 (COP 29), que se desarrolló en Bakú, la capital de Azerbaiyán.
“No veo que la cuestión climática esté en discusión en ningún lado. Estamos desarmando nuestros compromisos internacionales, yendo para atrás”, lamentó Nápoli.
