Los efectivos de la Policía Federal que se hicieron presentes hoy en el Centro de Monitoreo del Municipio de Quilmes para llevarse las grabaciones de seguridad en el edificio y las calles del distrito del mes de junio, se sorprendieron al encontrar que no hay registros de esas imágenes. La explicación brindada por los empleados es que hubo un cambio de empresa que presta el servicio de cámaras municipales, y que la nueva firma no tenía respaldo de las grabaciones anteriores.
Lo cierto es que los efectivos revisaron las computadoras y se fueron con las manos vacías, según pudo reconstruir Infobae de fuentes que estuvieron en el operativo. La orden de llevarse las imágenes provino de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que investiga el ataque a la casa del diputado José Luis Espert, en Beccar, San Isidro, ocurrido el 17 de junio pasado.
La Policia busca llevarse las imágenes que permitieran reconstruir los movimientos de la camioneta Chevrolet S10 blanca que estuvo en el escrache a su domicilio, y del que participó un grupo de militantes de La Cámpora y simpatizantes de Cristina Kirchner, en rechazo a su prisión domiciliaria.
La camioneta es de una empresa contratista de obra pública de Quilmes, y está asignada para uso del Municipio. De hecho, pese a que los participantes del ataque habían adulterado la patente, fue identificada y secuestrada por la Justicia en el playón de la intendencia, que conduce la camporista Mayra Mendoza.
Con ese objetivo, Arroyo Salgado dispuso una orden de presentación con allanamiento en subsidio – en caso de que los funcionarios o empleados que estuvieran presentes no entregaran el material o información requeridos- en el Centro de Monitoreo del Municipio, que se concretó esta tarde.
La magistrada buscaba las imágenes del playón de estacionamiento del Municipio, de los ingresos y egresos, así como de las calles de las inmediaciones para reconstruir los recorridos de la camioneta. Intenta saber si el vehículo fue usado en otros hechos de naturaleza delictiva en protesta a la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, como el ataque al canal TN, o vinculados a las personas involucradas directamente en el ataque o en su organización.
Sin embargo, los efectivos policiales que cumplían la orden judicial fueron informados que estaban en pleno cambio del servicio, que pasó a ser prestado por una nueva empresa a partir de julio, y que no había respaldo de ninguna de las imágenes de las cámaras de seguridad del Municipio anteriores al 2 de este mes. Esto implica que no hay registros de back up que pudieran servir para esclarecer cualquier otro delito en el distrito, no solo el ataque a Espert.
La participación de la camioneta en la vandalización llevada a cabo en el domicilio de Espert, la Justicia ya la tiene probada por las imágenes de las grabaciones en el exterior del domicilio del diputado libertario.
También considera probada la presencia en su interior de la concejal de Quilmes, Eva Mieri, presidente del bloque de Unión por la Patria, por los mensajes que intercambió con Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de las Mujeres y Diversidades de la Provincia de Buenos Aires, pese a que Mieri borró todo el contenido de su celular, previo a su detención el 2 de julio. La Justicia pudo reconstruirlos al analizar el teléfono de Abaigar, quien había sido detenida una semana antes y se le secuestró su celular.
Mieri es la única detenida actualmente en esta causa, en la que hay cinco imputados. Mano derecha de Mendoza en Quilmes está con prisión preventiva en la Unidad VII de mujeres de Ezeiza, luego de que la jueza detectara el vaciado de su teléfono previo a su detención, y en función de su cargo de funcionaria pública, bajo el argumento de que hay medidas de prueba y podría entorpecer la investigación. Esa decisión fue apelada por su defensa, y debe resolver ahora la Cámara Federal de San Martín. El plazo se cumple el lunes.
Esta Cámara ya dispuso la excarcelación de Abaigar el martes último, quien cumplía prisión preventiva domiciliaria por sus condiciones de salud. El Tribunal de alzada consideró que ya no podía interferir con la investigación. La jueza le fijó una caución real efectiva de $30 millones, que fue apelada por su defensa, a cardo de Daniel Llermanos, por el monto y por las restricciones impuestas por Arroyo Salgado. Tanto Abaigar como dirigentes políticos opositores denunciaron que su detención y el operativo fue desmedido, y tuvo intencionalidad política.
Mientras tanto, el expediente que tramita en el Juzgado Federal de San Isidro sigue bajo secreto de sumario. La investigación se maneja con hermetismo por las medidas de prueba en curso y la información solicitada que aún no llegó al Juzgado.
