La jornada electoral de este domingo 29 en la provincia de Formosa, no solo eligió los 12 diputados que ocuparán las bancas dentro del Concejo Municipal a partir de diciembre próximo, sino que además, eligió a los convencionales que tendrán la difícil tarea de la reforma de la Constitución.
Este paso, que tuvo como precedente la resolución de la Corte Suprema dictada a fines de diciembre del año pasado, sobre la inconstitucionalidad de la cláusula que establece la reelección indefinida en dicha provincia, puso en apuros al gobernador Gildo Insfrán. En este sentido, los electores eligieron este domingo a quienes serán los encargados de llevar adelante la adecuación de la carta magna al principio republicano, una modificación que se ejecutó por última vez en 2003.
El objetivo de la Convención será reunirse y establecer “nuevas regulaciones sobre los derechos políticos a elegir y ser elegidos”, señalaban en aquel entonces desde la jurisdicción. La misma estará integrada por 30 convencionales, los cuales contarán con un período de dos meses para cumplir con la tarea encomendada.
De acuerdo con los resultados publicados al finalizar el conteo de los comicios, los porcentajes ubicaron a Graciela De la Rosa en primer lugar, representando al Frente de la Victoria. Con un total de 67,33% el oficialismo de Insfrán sacó una amplia ventaja sobre el Frente Amplio Formoseño, integrado por la lista encabezado por Francisco Paoltroni —Alianza para la Libertad y la República—, Federico Evans —La Fuerza del Pueblo— y Juan Sebastián Montoya —Formosa Avanza—, que obtuvo un total de 20,62% de votos.
Al respecto, Paoltroni expresó: “Voy a trabajar para que se respeten los principios republicanos establecidos en nuestra Constitución Nacional y para terminar con los atropellos y la burla que hizo Insfrán a la Constitución Provincial en 2003″.
La lista de La Libertad Avanza Formosa, encabezada por Atilio Basualdo (seguido por Sofía Fridman en segundo lugar y Pablo Míguez en el tercero) y Vicente Grippaldi, obtuvo un porcentual de 11,21%, quedando por detrás de las anteriores.
Entre los objetivos prioritarios de la inminente modificación de la constitución, se encuentran entre otras cosas, la consolidación del sistema representativo, republicano y democrático, con la incorporación de la paridad de género, como mandato constitucional para cargos electivos legislativos a nivel provincial y municipal, así como para la composición de los órganos partidarios.
En materia administrativa, la reforma apunta a reorganizar las funciones estatales, promoviendo la modernización en los tres poderes y la creación de nuevos institutos, como el juicio por jurados en el ámbito judicial. La ley excluye cualquier posibilidad de limitar derechos individuales y sociales, la autonomía provincial o la estructura republicana actual.
La Convención funcionará en el mismo edificio de la Legislatura con comisiones que debatirán los diferentes temas. La norma que convoca a la reforma constitucional no especifica detalles respecto a la reelección. Sin embargo, a partir del fallo de la Corte Suprema se desprende que el artículo correspondiente debería redactarse de manera precisa, sin dejar lugar a interpretaciones ambiguas. Únicamente se indicó que uno de los propósitos del proceso es fortalecer el sistema representativo, republicano y democrático.
Además, se establece que el trabajo de los integrantes será ad honorem “no teniendo derecho los mismos a percibir remuneración y/o jubilación alguna en función de haber desempeñado el cargo, teniendo el mismo el carácter de carga pública”. Al mismo tiempo, establece un plazo de “sesenta (60) días para que los convencionales constituyentes concluyan con la tarea encomendada, pudiendo ampliarse dicho plazo por un máximo de treinta (30) días más en caso de que la mayoría simple de los mismos lo estime necesario”.
La principal razón por la cual se busca realizar una actualización rige sobre el artículo 132, el cual sostiene que “el gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelectos”, razón por la que el oficialismo sostiene que el pueblo es el que elige de manera libre a sus representantes.
El 21 de diciembre de 2024, los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz concluyeron que la disposición de la constitución provincial que autorizaba la reelección ilimitada resultaba incompatible con el principio republicano establecido por la Constitución Nacional.
Gildo Insfrán, gobernador desde 1995, suma ocho mandatos consecutivos y podrá ejercer hasta completar su actual gestión, que finaliza el 10 de diciembre de 2027.
