La cautelar de la Justicia laboral que se conoció ayer y que mantuvo el feriado por el Día del Trabajador del Estado para este viernes generó reacciones inmediatas entre funcionarios y referentes del arco político, quienes expresaron su insatisfacción por lo que señalan como un “privilegios” en el sector público.
Mientras continúa la discusión acerca del alcance y la legitimidad de este tipo de concesiones, el fallo amplificó el malestar en algunos espacios y hubo un cuestionamiento al rol de la Justicia y al involucramiento de sectores sindicales en la resolución de ayer.
La medida judicial, dictada por la jueza laboral Moira Fullana tras la presentación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), dispuso la suspensión de los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Ejecutivo que eliminó el día libre para empleados estatales previsto para hoy.
El pronunciamiento limita el alcance de la protección a los representados por ATE, pero abrió polémica en la arena pública y política por considerar que perpetúa prácticas señaladas como desfasadas respecto a la realidad del mercado laboral en Argentina.
El portavoz presidencial Manuel Adorni señaló anoche que “la mafia sindical consiguió que la casta judicial, en tiempo récord, le proteja nuevamente uno de sus privilegios”. Explicó que la cautelar otorgada por la jueza Fullana, que suspende la eliminación del feriado, “aplica únicamente a los representados por ATE” y enfatizó que el Gobierno insistirá en su postura de revisar los privilegios sectoriales.
Con un tono crítico hacia el sindicalismo estatal y la Justicia, la comunicación oficial dejó en claro el desacuerdo con la determinación de la Justicia.
El Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona sostuvo a través de su perfil en X: “Mañana un montón de albañiles, mozos, taxistas, peluqueros, enfermeros y mecánicos se van a levantar temprano y van a ir a trabajar porque ellos no tienen un feriado de privilegio, como el que sí tienen los empleados públicos”.
De manera crítica expresó que “una jueza, miembro del Poder Judicial, que también tiene un feriado de privilegio, decidió que los empleados públicos tengan el feriado igual porque ellos se consideran superiores al resto de los argentinos. No se enteraron que hace dos años eso se terminó”.
Por su parte, Silvana Giudici, dirigente del PRO y ex diputada nacional, respaldó la iniciativa del Gobierno de plantear el debate en torno a los privilegios del funcionariado público. Giudici subrayó, en declaraciones a TN, que “lo que hizo el gobierno está muy bien. Poner en agenda que hay un día que la administración pública no va a trabajar porque sí”. Definió como “privilegiados” a quienes se desempeñan en el empleo estatal, y remarcó la diferencia con los trabajadores en la informalidad o del sector privado, quienes “no tienen este beneficio”. Además, sostuvo que “la sociedad termina viendo esa fractura” y enfatizó: “Bajen un cambio con los privilegios”.
Desde el Congreso, el diputado nacional y ex ministro de Educación Alejandro Finochiaro también apuntó contra el fallo judicial y valoró la actitud oficial. Finochiaro declaró que “más allá de la decisión judicial, el gobierno hizo muy bien en poner en debate esta cuestión y un montón de cuestiones más que hacen a privilegios dentro del Estado que no tienen los trabajadores privados”, según indicó ante la consulta de Infobae.
Así, el ex funcionario se mantuvo en línea con el discurso de mayor austeridad y ajuste en el empleo estatal, una de las banderas recurrentes del oficialismo.
La controversia en este escenario surge ante la decisión del Ejecutivo de eliminar el feriado específico para los empleados públicos, con el argumento de igualar condiciones y abordar supuestos desequilibrios entre el sector privado y el público.
El DNU de la administración nacional motivó la reacción inmediata de sindicatos estatales, que recurrieron a la Justicia para mantener el asueto tradicional del 27 de junio. Luego del fallo favorable al sector sindical, la Casa Rosada anticipó que apelará la cautelar de la magistrada Fullana, lo que prolonga el conflicto institucional.
Giudici, en tanto, remarcó la idea de que existen diferencias estructurales entre el empleo público y el privado: “Los que realmente trabajan en la administración pública son unos privilegiados, porque tienen estabilidad, aguinaldo, están en blanco”. La dirigente también apuntó a la percepción social generalizada: “Es una práctica política que por suerte la sociedad empieza a ponerla en el lugar que corresponde”.
